París, 8 jun (EFE).- El Gobierno francés pretende instaurar una suerte de estado de emergencia permanente mediante la incorporación a la ley ordinaria de varias medidas excepcionales en el combate contra el terrorismo, informó hoy "Le Monde".

Sin embargo, este proyecto ha inquietado a las ONG y al sindicato de los magistrados, ya que consideran que mina el poder judicial en favor del ejecutivo y que pone en marcha medidas "discriminatorias" contra muchos inocentes.

El vespertino señaló que el gabinete del socioliberal Emmanuel Macron trabaja en un proyecto de ley que adoptará el grueso de las medidas antiterroristas vigentes desde noviembre de 2015, cuando se declaró el estado de emergencia después de los ataques yihadistas que mataron a 129 personas en París y Saint Denis el 13 de noviembre.

Así, pasarán a ser ley general el arresto domiciliario a alguien sobre el haya "serias razones" para pensar que su comportamiento representa "una amenaza a la seguridad y el orden público", el decomiso de computadores y el cierre de zonas de culto.

Este proyecto, que se presentará al Consejo de Ministros el 21 de junio, de acuerdo con "Le Monde", no entrará en vigor inmediatamente, pues el Ejecutivo de Macron cuenta con prolongar el estado de emergencia hasta el 1 de noviembre de 2017.

La prolongación de este resorte, aplicado "en caso de peligro inminente resultado de graves amenazas al orden público", y su incorporación en la ley inquietó a las ONG y a los magistrados.

La ONG Amnistía Internacional (AI) juzgó que el estado de emergencia no se base en "pistas graves y coincidentes" y sí "en simples sospechas" y denunció que las acciones policiales al abrigo de este resorte, "a veces de manera violenta y brutal", se basan en criterios "discriminatorios".

"Las autoridades no han sacado en claro ninguna lección de las derivas graves que ha provocado el estado de emergencia", dijo AI, en un comunicado.

El sindicato de los magistrados reprobó en otra nota la actitud del Gobierno de Macron y denunció que se dañará el equilibrio de la separación de poderes, al dejar al judicial en un segundo plano en beneficio del ejecutivo, que tendrá la capacidad, por ejemplo, de arrestar y registrar a sospechosos sin la autorización de un juez.

"Sin un examen sistemático por un juez independiente, sin una investigación detallada, ni derecho a contrastar las acusaciones, las personas se verán privadas de sus libertades", señaló el sindicato.