México, 13 jul (EFE).- Las detenciones arbitrarias suponen un fenómeno "cotidiano" y repetido a lo largo de toda la geografía mexicana, lo que "abre la puerta" a que se den otros delitos, como la tortura o las desapariciones, señala un informe presentado hoy por Amnistía Internacional (AI).

La investigación que se hizo para este reporte está basada en 25 entrevistas en profundidad efectuadas a operadores de justicia de procuradurías, juzgados, tribunales y cuerpos de policía, quienes aportaron su opinión en el anonimato.

Los testimonios de lo que estas personas ven en su práctica cotidiana "permitieron corroborar lo que nos decían las víctimas en miles de casos", señaló a Efe Carlos Zazueta, investigador para México de AI.

"Las detenciones muchas veces no responden a una política de control, sino a una serie de motivos no legales" que pueden ser desde querer "dar carpetazo" a un asunto hasta otros relacionados con la discriminación y que afectan especialmente a hombres jóvenes que viven en la pobreza.

El delito "está ampliamente extendido" en todos los estados y se ejerce a manos de corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, afirmó el investigador.

Las detenciones arbitrarias, según el reporte, son en ocasiones el inicio de una cadena de violaciones a los derechos humanos que puede terminar en "desapariciones, tortura y muerte".

Las víctimas de los arrestos arbitrarios son muchas veces personas que pertenecen a colectivos que históricamente han sufrido discriminación, como indígenas o migrantes.

En los reportes policiacos, apunta Zazueta, frecuentemente aparece que se detuvo a una persona porque parecía "sospechosa", pero "no se explica exactamente por qué".

Tras las detenciones, algunos individuos son liberados a las pocas horas, pero otras se ven involucradas en procesos penales cargados de irregularidades.

Zazueta remarca que, después de que las víctimas de detenciones arbitrarias son liberadas, "el Estado no da ninguna reparación y tampoco investiga las conductas indebidas de los agentes".

Esta impunidad, continúa, "propicia que se sigan produciendo estas detenciones".

De acuerdo con los testimonios recogidos por AI, los operadores de justicia consideran que el nuevo sistema de justicia penal, que terminó por implantarse en el país en 2016, facilita que "se examine auténticamente la detención", y que se libere a aquellas personas que han sido arrestadas sin las evidencias suficientes.

El investigador califica de "infundadas" las críticas surgidas en las últimas semanas contra el nuevo sistema, como las proclamadas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien lo vincula con el aumento de la criminalidad.

No obstante, según Zazueta, para que el sistema funcione "todos los actores tienen que trabajar bien", de manera "transparente y profesional".

Actualmente, algunos fiscales "no presentan argumentación" correcta para que los delincuentes puedan quedar sujetos a medidas preventivas, argumenta.

Para enfrentar la situación de las detenciones arbitrarias, Amnistía recomienda a las autoridades tener un registro adecuado de arrestos, que incluya datos como la identidad del individuo, su integridad física y el porqué de la detención.

Es "problemático" que actualmente no quede registro desde el primer momento, sino que se haga una vez que la persona detenida está en el Ministerio Público o en la estación policial, relata el investigador.

Además, el reporte destaca que "los operadores de justicia no tienen claro cómo debe ser un registro de la detención, incluidos los requisitos provenientes del derecho internacional".

El informe se complementa con la exposición de seis casos de detenciones arbitrarias que han implicado violaciones de derechos humanos.

Un ejemplo es el de Enrique Guerrero, arrestado por policías federales en 2013 mientras conducía su coche por la Ciudad de México. Fue torturado para que se declarara culpable de un secuestro -aunque no llegó a firmar una confesión-, y lleva cuatro años en prisión preventiva.

Otro caso lo protagoniza Sergio Sánchez, arrestado en 2010 por diez personas no identificadas. Se le acusó de homicidio y tentativa de robo y, tras un juicio en el que no se respetaron sus derechos, fue condenado a más de 27 años de prisión.