Murcia, 8 mar .- El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha archivado el caso Guardería, que investigaba entre otros a la consejera de Agricultura, Adela Martínez-Cachá, y al exalcalde de la capital Miguel Angel Cámara por un presunto delito de prevaricación administrativa en el traslado y posterior demolición de una escuela infantil.

Además, ha decretado el sobreseimiento respecto de todos los investigados, entre los que figura la exedil de Medio Ambiente y hoy consejera de Agricultura del Gobierno autonómico, que compareció en sede judicial el pasado febrero.

La resolución del magistrado Enrique Quiñonero señala que "más allá de especulaciones e hipótesis sin sustento probatorio alguno" la cronología de los hechos "no evidencia otra finalidad que la de acelerar los tiempos y solventar los obstáculos" al inicio de un proyecto que había sido asumido por el Ayuntamiento de Murcia por considerar que tenía interés público.

El magistrado no advierte la presencia de los elementos que califican el delito de prevaricación porque "no puede afirmarse que con su adopción pusieren los investigados su voluntad sobre los intereses que la ley protege, y que lo hicieran con la gravedad propia de una conducta que pueda ser calificada de injusta y arbitraria".

Asimismo, recuerda que la magistrada del juzgado número 1 de Murcia dictó tres autos de sobreseimiento respecto de todos los denunciados, en 2011, 2013 y 2015.

La investigación se centró en los acuerdos de la Junta de Gobierno de los meses de julio y octubre del año 2007 que llevaron a la demolición de la guardería en el marco de un proyecto de remodelación integral del barrio de La Paz de Murcia que proyectaba el empresario local José López Rejas, y que no llegó a ejecutarse.

El juzgado de Instrucción 1 de Murcia había elevado al TSJ este caso, por la condición de aforada de la consejera, tras tomar declaración al exalcalde de la ciudad y los ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno que tomó esa decisión en 2007.  (EFE)