Tras once años, hoy se conoce la sentencia del caso Nóos. Las juezas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyà, integrantes del tribunal que juzgó el caso Nóos entre enero y junio del año pasado, notifican hoy la sentencia que ha determinado la absolución de la Infanta Cristina y condenada pagar una multa de 265.000 euros y Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de cárcel de los 19 que solicitaba la Fiscalía, por enriquecerse con fondos públicos a través de la trama corrupta de contratación con administraciones que organizó en torno a la asociación sin ánimo de lucro Instituto Nóos. 

La sección primera de la Audiencia de Palma ha condenado a Urdangarin por un delito continuado de prevaricación, en concurso medial con falsedad en documento público y con un delito de malversación a 2 años y 8 meses; así como por un delito de fraude a la administración a 7 meses de prisión
Por tráfico de influencias ha sido condenado a 1 año de prisión y por dos delitos contra la Hacienda Pública a 2 años de cárcel (1 año por cada uno) y multa de 512.553 euros. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares pide el ingreso inmediato en prisión de Iñaki Urdangarin, ya que la condena es superior a los 6 años de cárcel.

Diego Torres, socio de Urdangarin,  ha sido condenado a ocho años y seis meses, y Jaume Matas, ex president del Govern, a tres años y ocho meses. 

La Audiencia de Palma ha absuelto al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y a los otros tres acusados de la rama valenciana de la causa, incluido el exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón.
En la sentencia del caso Nóos, notificada hoy, el tribunal absuelve asimismo a José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA); a Jorge Vela, también exdirector de CACSA, y la que responsable jurídica de esta entidad, Elisa Maldonado.
El Instituto Nóos percibió 3,5 millones de entidades valencianas por organiza los tres Valencia Summit y por el proyecto de los Juegos Europeos.
Grau estaba acusado de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias en relación con la contratación del instituto Nóos a través de la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (FTVCB), que él presidía, y se enfrentaba una petición de condena de 11 años de cárcel.