Madrid, 7 mar .- El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en la que propone impulsar una reforma de la ley que regula el Tribunal Constitucional para blindarlo de pactos que lo desprestigian, como el que está a punto de concretarse en el Senado entre el PP y el PSOE.

Horas antes del comienzo del pleno del Senado que aprobará los nombramientos de los nuevos magistrados del Constitucional -hoy o mañana-, Ciudadanos ha presentado su iniciativa parlamentaria para despolitizar el tribunal.

Después de registrar la proposición en el Congreso, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha lamentado en una rueda de prensa que los "viejos partidos" hayan vuelto a repartirse los miembros del Tribunal Constitucional, ignorando "completamente" el país en el que viven en este momento.

Y por eso, Ciudadanos quiere cambiar algunos aspectos del sistema de elección de los magistrados del alto tribunal, proponiendo que el nombramiento sea a través de una convocatoria pública y con una evaluación del "mérito público" de los aspirantes.

En todo caso, Girauta ha dejado claro que van a prohibir las puertas giratorias y van a acabar con el "intercambio de cromos" que han venido practicando el PP y el PSOE.

En concreto, la iniciativa del partido de Albert Rivera plantea que se vete la entrada al TC a quienes "en los últimos años hayan sido cargos electos, miembros del Gobierno o de los Gobiernos autonómicos, altos cargos de las Administraciones Públicas, de partidos políticos, de sindicatos y cualesquiera otros organismos que se estimen apropiados".

Reclama que se garantice la limpieza del proceso de elección mediante una convocatoria pública de vacantes, la realización de informes (públicos) por una comisión técnica independiente y la realización de "verdaderas" sesiones de audiencia en las cámaras parlamentarias.

Para Ciudadanos, el mandato de los miembros del tribunal de garantías debe ser de doce años (cuando ahora mismo es de nueve).

Asimismo, pide elevar a 25 años de ejercicio profesional el requisito exigido a los juristas de reconocida competencia e incrementar a 75 años la edad de jubilación de los magistrados.

Y también demanda medidas para evitar el "colapso inaceptable" que a su juicio padece el tribunal mediante la introducción de mecanismos eficaces de cumplimiento de los plazos máximos y de uno concreto "reducido" para aquellos en los que se vean afectados los derechos fundamentales.  (EFE)