Sevilla, 15 dic (EFE).- El fallo del Tribunal Constitucional avalando la subasta de medicamentos implantada por la Junta de Andalucía en el 2012 aclara un largo contencioso político y sanitario que se ha prolongado durante el último lustro y que tendrá repercusiones en la política farmacológica de las administraciones.

La Junta de Andalucía siempre ha defendido que su decisión de implantar un sistema de compra de los medicamentos mediante una subasta competitiva entre laboratorios fue una pionera y valiosa decisión para defender la sostenibilidad de la sanidad pública.

La subasta se implementó mediante un decreto-ley que modificó la ley de Farmacia de Andalucía, del 2007, y estableció este sistema para determinar los medicamentos genéricos -aquellos que se basan en la molécula química y no en una marca comercial- que obligatoriamente deben dispensar los médicos del sistema sanitario público andaluz.

Este sistema de licitación ha ahorrado ya 413 millones de euros -150 millones este año- a la factura farmacéutica de la Junta de Andalucía desde la primera subasta, celebrada en junio del 2012, según datos facilitados a Efe por la Consejería de Salud.

Junto al ahorro, el Gobierno andaluz ha reivindicado que esta iniciativa constituye también un elemento distintivo más de su sistema sanitario, tildado por los dirigentes autonómicos -la última, su actual presidenta, Susana Díaz- como la "joya de la corona" de Andalucía.

De hecho, la subasta de medicamentos se blinda en la nueva ley de Sanidad de Andalucía recientemente aprobada por el Gobierno andaluz.

Este sistema de compra de medicamentos ha sido recurrido en varias ocasiones por el Gobierno central, no tanto por el fondo de esta cuestión cuanto por considerar que esta decisión invade competencias exclusivas de la Administración central en materia sanitaria y puede generar desigualdades entre las comunidades.

Pero varios recursos del Ejecutivo central que pedían la paralización, al menos cautelar, de estas subastas, han sido rechazados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el último, en noviembre del 2015, por considerar que la comunidad autónoma es competente para adoptar "medidas tendentes a racionalizar la prescripción racional de medicamentos".

Organizaciones empresariales del sector farmacéutico y de las oficinas de farmacia también han cuestionado esta subasta, por considerar, entre otras cuestiones, que limita la libertad de mercado, causa desabastecimientos de fármacos y distribuye medicamentos de baja calidad.

Para el director general del banco especializado en el sector farmacéutico, Bancofar, Miguel Ángel Sierra, la subasta de medicamentos está "produciendo a veces desabastecimientos o distorsiones del precio".

En su opinión, su mayor crítica a este proceso "no es por el precio", sino porque se adjudica una molécula a laboratorios que compiten en precio pero que "no están capacitados después para abastecer correctamente el mercado".

El Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha destacado que esta subasta no supone un ahorro significativo al Sistema Andaluz de Salud ni aporta valor añadido a los laboratorios.

Tras analizar las cuentas de las empresas que participaron en las subastas durante el 2013, la FEFE calcula que sus ventas no superaron los doscientos millones de euros, su beneficio no alcanzó los tres millones de euros antes de impuestos y mantuvieron una plantilla inferior a seiscientas personas.

También el PP andaluz ha criticado reiteradamente este proceso y ha recalcado que supone "un peligro para la salud de los andaluces", pues limita su libre acceso a los fármacos, causa problemas de desabastecimiento de algunos medicamentos y se adjudica a laboratorios ubicados en Asia, que no cumplirían los parámetros exigidos por la Unión Europea.

Algunos colegios médicos también adujeron que este subasta podría vulnerar la libertad de los facultativos. EFE