Madrid, 21 jun (EFE).- Los concejales del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han pedido hoy declarar "de forma inmediata" ante el juez para "aclarar cualquier duda" tras ser citados como investigados por encargar dos informes externos para denunciar el Open de Tenis.

Así consta en un escrito de tres páginas, al que ha tenido acceso Efe, remitido hoy al Juzgado de Instrucción número 21 para no "dilatar la toma de declaración" de los dos concejales, que estaba prevista para el próximo 18 de septiembre, junto con la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela.

Los tres responsables del Gobierno de Manuela Carmena están citados a declarar como investigados por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y delito societario, tras admitir a trámite la querella presentada por el PP contra los tres cargos del gobierno municipal de Manuela Carmena.

"Los hechos objeto de querella son inciertos, tal cual se demostrará en cuanto este Juzgado tome declaración a mis representados", señala el procurador en el escrito, y añade que "dilatar" la declaración "solo servirá para una mayor y más larga instrumentalización política de la Justicia por parte de los querellantes".

Entre las alegaciones, argumenta que "nada más conocerse la admisión a trámite" el PP ha "corrido" a solicitar el cese de los ediles.

Mayer y Sánchez Mato han renunciado a la asistencia jurídica del Ayuntamiento y que ellos costearán su defensa.

El PP se querelló contra los responsables municipales por encargar "a dedo" dos informes externos por 50.000 euros para denunciar el convenio de gestión del torneo de tenis sin el conocimiento de la alcaldesa Carmena, que posteriormente los destituyó del consejo de administración de la empresa pública.

Los tres investigados pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que podría haber malversación en los contratos suscritos por el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y los organizadores del Open de Tenis, una denuncia que la alcaldesa de Madrid calificó como un "error".

Entre sus argumentos, constaba que la aportación municipal al torneo era al inicio de 1,5 millones de euros anuales, una cantidad que se incrementó en 2009 hasta 5,3 millones y al año siguiente fue de 10,4 millones. Sin embargo, tres estudios municipales descartaron irregularidades en esos contratos.