Madrid, 9 may (EFE).- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha dicho hoy que, si el almacén subterráneo de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), estuviera en funcionamiento, supondría un coste de 214 millones de euros al año, frente a los 95 millones que cuesta tenerlo hibernado.

Nadal ha señalado, en el Pleno del Senado, que el almacén era "un proyecto faraónico que no hacía ninguna falta", y ha subrayado que, cuando el PP llegó al Gobierno, encontró un contrato y un real decreto, elaborados por el anterior Ejecutivo socialista, que "eximía de cualquier responsabilidad" a la empresa concesionaria.

En respuesta a una pregunta del senador de ERC Miguel José Aubá, Nadal ha recordado que el Gobierno del PP pidió la nulidad al Tribunal Supremo, que no la concedió.

Según el titular de Energía, de haber funcionado, el almacén Castor conllevaría un coste anual de 214 millones con cargo a los consumidores de gas.

En la actualidad, el coste del proyecto supera los 95 millones al año: 80 millones por el pago de la indemnización a la concesionaria, Escal UGS, que construyó la instalación; y 15,7 millones por mantener hibernado el almacén.

Escal UGS, controlada por la constructora ACS, renunció a la concesión en julio de 2014 y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros.

"Creo que tan mal no lo hicimos como Gobierno tratando de reparar los errores de los gobiernos anteriores", ha recalcado Nadal.

El ministro ha recordado que el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard concluye que los terremotos registrados en 2013 se debieron a la inyección de gas en el almacén y que la situación actual es estable".

Por ello, ha reiterado que, aunque el objetivo es desmantelar el almacén, hay que hacerlo "con la máxima prudencia" para evitar nuevos seísmos.

El senador de ERC ha pedido también que se depuren responsabilidades por el "fracaso" del proyecto.

En este punto, Nadal ha explicado que el tema está "judicializado" y que, por lo tanto, las responsabilidades las fijarán los tribunales.

Tras recibir el informe del MIT y Harvard, el Gobierno ha decidido no reabrir el almacén porque implicaría un "riesgo elevado" de nuevos seísmos, incluso más fuertes que los de 2013, y de momento tampoco lo desmantelará, por lo que continuará en estado de hibernación.